Los anuncios del Gobierno sobre el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal genera más dudas y sospechas que certezas, según especialistas y representantes de áreas afectadas por las nuevas normas. Sostienen que el Ejecutivo, para obtener los dólares que por otras vías no está consiguiendo, pone en práctica un blanqueo, sin definirlo como tal, «tornando ciegos, sordos y mudos» a los funcionarios y áreas de gobierno que deberían preservar que ciertas operaciones no sean fruto de delitos graves perseguidos internacionalmente.
El proyecto recibe críticas de especialistas en materia tributaria y también de economistas que ponen en duda la eficacia de la estrategia para atraer divisas de quienes la fugaron, acumulando en el exterior activos por cientos de miles de millones de dólares.
También se advierte que resulta «poco claro» quiénes serían los presuntos beneficiarios de un Régimen Simplificado de Ganancias, que implica que el fisco dejará de tener en cuenta los cambios patrimoniales y consumos de los contribuyentes para determinar el saldo a pagar. Este planteo anula la posibilidad del Fisco, a través del ARCA, de identificar evasión o posesión de activos en negro, es decir de cometer delitos que siguen penalizados en la ley.
La maniobra del Gobierno es cuestionada por quienes sostienen que el blanqueo de activos se logra con una ley especial y no “tornando ciegos, sordos y mudos” a los trabajadores del Estado, tal como advirtió Federico Ledesma, Secretario de Asuntos Sindicales de AEFIP Capital.
“Si una persona alcanzada por Ganancias compra un departamento de hasta 200.000 dólares, ¿cómo lo va a a identificar el Fisco, si el escribano no informa y el contribuyente tampoco declara? Puede parecer lindo para el evasor, pero nuestro régimen impositivo es autodeterminativo, esto quiere decir que el contribuyente tiene la obligación legal de informar y el Fisco tiene las facultades y obligaciones legales para fiscalizar y verificar la autodeclaración”, aclara Ledesma.
Respecto de la modificación al Régimen Penal Tributario, se establece un nuevo monto de más de 100 millones de pesos para que se configure el delito de “evasión simple” y de 1.000 millones de pesos para la “evasión agravada”. Sobre esta cuestión, más técnica, coincide Ledesma que los valores 1,5 millones y 15 millones de pesos estaban desactualizados pero “las nuevas cifras son también muy elevadas”.
De igual forma. sostiene que “nadie puede estar en contra de que los regímenes de información requerían una adecuación, aunque esto habilita a discusiones más técnicas”.
Por su parte, Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), recordó en diálogo con Página 12 que cuando el ministro de Economía anunció el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos desde el gobierno bonaerense indicaron que carecía de seguridad jurídica. Que debían modificar “el Régimen Penal Cambiario, el Régimen Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Tributario y quizás alguna normativa vinculada con la prevención del lavado de activos” para que no haya incumplimientos según la ley. El gobierno debió volver sobre sus pasos y abrir un nuevo capítulo en este tema..
En tanto, Juan Carlos de Pablo sostuvo: «Me parece bien, porque simplifica la vida. Pero la velocidad con la que se va a dar lo sabe Dios», haciendo referencia a en qué momento podrá sentirse una reactivación económica motiva por esta nueva vía de financiamiento.
En esta dirección, Pablo Moldován, director de CP Consultora, indicó que la estrategia del Gobierno de insistir en atraer los dólares no blanqueados es “darle combustible al proceso de deuda privada en dólares que es uno de los mecanismos que está robusteciendo la oferta de dólares en el mercado oficial, junto con las divisas que llegan de la liquidación del agro”.
“Los préstamos al sector privado arrancaron muy fuerte después del acuerdo con el FMI, pero ponen de manifiesto que la capacidad prestable en dólares del sistema financiero local se está agotando”, advirtió.