El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, marcando un avance significativo en la reforma del régimen penal juvenil en Argentina. La iniciativa, respaldada por el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, establece una pena máxima de 15 años para delitos graves, la creación de institutos especializados y la prohibición de convivencia con detenidos mayores.
La edad de imputabilidad en Argentina ha sido un tema de debate durante años. Actualmente, el límite se encuentra en 16 años, pero el oficialismo y sus aliados consideran que es necesario reducirlo para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.
La propuesta original, impulsada por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, planteaba un piso de 13 años, pero finalmente se consensuó en 14 años para garantizar el apoyo necesario en el Congreso.
El texto aprobado en comisión contempla penas alternativas a la prisión, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, establece que la privación de la libertad solo podrá aplicarse en condenas mayores a 10 años y exclusivamente en casos de delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Uno de los puntos más destacados es la creación de institutos especializados para menores en conflicto con la ley. Estos centros deberán garantizar el derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones.
Asimismo, se prohíbe terminantemente la convivencia con detenidos adultos, una medida que busca evitar la exposición de los menores a entornos de mayor peligrosidad. El proyecto obtuvo 77 firmas, superando el mínimo requerido de 73, con el apoyo de los bloques mencionados.
Sin embargo, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra, argumentando que la iniciativa no contempla adecuadamente la inversión en infraestructura para los centros de detención de menores.
Desde la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, se exigió la inclusión de cláusulas que impidan la aplicación de penas privativas de libertad en provincias que no cuenten con instalaciones adecuadas para alojar a los menores en condiciones dignas. La diputada Varinia Marín expresó su escepticismo sobre la capacidad del gobierno para construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar la problemática.
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