Según señala el diario Clarín, desde el seno del mileísmo le pidieron a Patricia Bullrich que este sábado no haya presencia de efectivos federales en la movilización que tendrá lugar en ciudades de todo el país contra los discursos de odio del presidente y su fuerza política. El pedido, según ese medio, partió directamente desde Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el esquema de gobierno.
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La decisión confirma que el Gobierno no puede aplicar el famoso “protocolo” diseñado por la ministra cuando las movilizaciones son multitudinarias. El instrumento, que tiene carácter anticonstitucional porque afecta el derecho a protestar, es utilizado por el Poder Ejecutivo ante cada movilización. En la Ciudad de Buenos Aires se hace en conjunto con las fuerzas que responden a Jorge Macri. Las escenas de hostigamiento y represión a jubilados y jubiladas se han visto muchísimas veces cuando manifiestan.
Al mismo tiempo, esta decisión está alimentada por el temor al costo político aún mayor que pagaría el Gobierno si las fuerzas represivas crearan escenas violentas y dantescas durante la movilización. Esto lo dejaría aun peor parado ante el mundo, incrementado el desprestigio luego del discurso en Davos.
No es la primera vez que Bullrich se tiene que meter el protocolo en el bolsillo. Ya ocurrió en 2024, con las masivas movilizaciones del 8 de Marzo y el 24 de Marzo. Volvió a ocurrir en las marchas universitarias del 23 de abril y del 2 de octubre. Es decir, se hace evidente que cuando las concentraciones se importantes se puede imponer la derrota a esta política represiva.
Que las marchas no tengan un carácter masivo más permanente es responsabilidad de las direcciones gremiales de distintos sectores. Empezando por la CGT, que se mantiene en una tregua duradera con el Gobierno desde hace meses.