En una movida sorpresiva durante la sesión de este jueves, los senadores aprobaron un aumento en sus dietas con una rápida votación a mano alzada y sin debate alguno. Este incremento, que entrará en vigencia el próximo mes, elevará sustancialmente sus ingresos.
El proyecto de resolución, presentado sobre tablas por el senador Juan Carlos Romero, del peronismo disidente, recibió el respaldo suficiente para su aprobación, evitando así la intervención por parte de la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel. Entre los firmantes de la iniciativa figuran, además del salteño, la neuquina Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) y los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego).
Los tres senadores de Tierra del Fuego votaron a favor de la iniciativa de triplicarse la dieta: las dos senadoras de Unión por la Patria, Eugenia Duré y Cristina López, y el mencionado radical Blanco, coautor del proyecto.
El nuevo esquema de ingresos establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo. Esta modificación significará un aumento significativo en los ingresos de los senadores, que pasarán de percibir alrededor de $1,7 millones a más de $4 millones.
La jugada política se gestó durante la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, donde se manifestaron quejas hacia el Ejecutivo por parte de varios bloques. Algunas fuentes internas ironizaron que la medida busca equiparar los ingresos de los legisladores con funcionarios de alto rango, como el vocero presidencial, Manuel Adorni, recientemente premiado con un aumento.
El oficialismo, liderado por el jefe libertario Ezequiel Atauche, no respaldó la medida, al igual que unos pocos del PRO y del radicalismo, entre ellos Martín Lousteau. Esta decisión contrasta con el consenso alcanzado meses atrás entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Villarruel, quienes habían desactivado un aumento anterior debido a la presión pública.
La nueva resolución anula el acuerdo previo sobre la equiparación y movilidad automática de las dietas, gastos de representación y desarraigo de los legisladores, desconectándolos de los acuerdos salariales de los empleados del Congreso.
La aprobación de este aumento se produce en un contexto de críticas generalizadas hacia la clase política y sus gastos. Aunque se había establecido un mecanismo para tratar y aprobar cualquier incremento en las dietas, esta decisión demuestra que los legisladores pueden eludir ese proceso cuando así lo deseen.