Bogotá, 13 nov (EFE).- El Gobierno colombiano pedirá que sea anulado el arbitraje internacional que le ordenó pagar casi 380 millones de dólares (unos 357 millones de euros) a la empresa española de telecomunicaciones Telefónica, al considerar que «este fallo aún no está en firme».
El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia, Mauricio Lizcano, pidió este miércoles a la «Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso y quien lideró la defensa, las explicaciones del caso y la revisión de la información aportada».
«Sin embargo, le informo al país, que a nuestro juicio este fallo aún no está en firme porque procede el recurso de anulación. Le pido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se interponga este recurso lo más pronto posible», agregó Lizcano.
Telefónica, entre tanto, informó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (el supervisor bursátil español) de un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Telefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por una serie de medidas de las autoridades colombianas que afectaron a las inversiones de la empresa Colombia Telecomunicaciones.
La disputa, según explica la compañía española, surgió de la aplicación por parte de Colombia de varias decisiones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en ese país.
A causa de tales medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017.
El 12 de noviembre, el Ciadi notificó a Telefónica el laudo del tribunal y consideró que Colombia incumplió la obligación de otorgar un trato «justo y equitativo» a las inversiones de Telefónica.
Por ello, ha condena a pagar esos casi 380 millones de dólares, más intereses compuestos del 5 % por compensación de los daños ocasionados.
Además, el tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados de Telefónica durante el procedimiento arbitral, así como los intereses correspondientes. EFE