Complicidad judicial con el terrorismo Estado. El Villazo y la impunidad patronal

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Foto de Portada. Julieta Luna

A cincuenta años de uno de los operativos represivo más brutales contra el movimiento obrero organizado, el poder Judicial demostró, una vez más, su complicidad estructural con el terrorismo de Estado.

El Tribunal Oral Federal de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci, absolvió a los 17 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en marzo de 1975.

#URGENTE Vergonzoso fallo del Tribunal Federal de Rosario, que absolvió a 15 imputados y solo dos fueron condenados por causas menores en la sentencia por los crímenes de lesa humanidad en Villa Constitución. pic.twitter.com/Z2Zjv3MnUg

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Entre los absueltos se encuentran los ex directivos de Acindar Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, junto a expolicías federales como Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Faccendini, Roberto Oscar Giai, Aldo Ramón Gradilone, Carmen Amanda Grossoli De Hellaid, Jorge Aníbal Lozano Windus, Emilio Hugo Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Miguel Nardi, Juan Carlos Romero, Roberto Raúl Squiro, Daniel Vicente Valdés y el ex integrante de la Guardia Rural “Los Pumas” de la Policía de Santa Fe, Amadeo Chamorro.

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Este fallo aberrante ocurre precisamente cuando se cumplen cinco décadas de aquella gesta obrera conocida como el Villazo, que representó uno de los procesos de organización obrera más significativos desde el Cordobazo. Entre 1974 y 1975, los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, a través de la Lista Marrón, habían logrado recuperar democráticamente la seccional local de la UOM, enfrentando tanto a la burocracia sindical de Lorenzo Miguel como al poder patronal de Acindar, entonces dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz. Aquel proceso de construcción de una dirección obrera alternativa, con métodos asamblearios y de lucha combativa, fue respondido con un ensayo general del terrorismo de Estado que se implementaría sistemáticamente a partir de 1976. El operativo represivo de marzo de 1975, con la ocupación militar de la ciudad y la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad, la Triple A -creada bajo la mirada atenta del propio gobierno de Juan Domingo Perón– y matones sindicales, buscó exterminar esta experiencia de organización obrera independiente.

Este fallo se produce en un contexto donde se discuten reformas laborales regresivas que pretenden eliminar conquistas históricas de los trabajadores. La absolución generalizada funciona como un mensaje de advertencia hacia el presente, así como en 1975 el Estado y las empresas utilizaron el terror para disciplinar a los trabajadores que osaban organizarse en la Lista Marrón, hoy el Poder Judicial muestra su rostro más reaccionario avalando aquel terror y negando justicia. La impunidad en este caso se inscribe en un patrón recurrente donde los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Isabel Perón, con la Triple A como brazo armado de un plan represivo que tuvo en su propio entorno gubernamental y en las cúpulas empresariales a sus principales responsables, nunca terminan teniendo condenados. Es la continuidad del mismo proyecto de sometimiento, ahora mediante la impunidad histórica y las reformas antipopulares.

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La diputada nacional Cele Fierro del MST-FITU, quien acompañó el juicio junto a una delegación de su fuerza política, señaló con firmeza que “si esta justicia cree que con este fallo de impunidad va a desalentar la lucha de familiares, sobrevivientes y de organizaciones como la nuestra, sinceramente no entiende nada“. Como lo maraca Cele Fierro, la misma determinación que en 1975 sostuvo una huelga de 60 días frente a la ocupación militar debe traducirse hoy en la unidad activa de todos los sectores que repudian la impunidad y defienden los derechos laborales.

En el mismo sentido, nuestro compañero Oscar “Pacho” Juárez, sobreviviente, querellante de la causa del Villazo y militante del PST (antecesor del MST), además de repudiar el detestable fallo, hizo hincapié en la importancia este proceso en la historia de clase obrera. La lucha de los metalúrgicos, que unió a todo un pueblo en una huelga, y que resistió la embestida fascista de ese momento, terminó haciendo una pueblada de carácter histórico. Este proceso, con 50 años encima, todavía queda inscripto en la memoria de los luchadores, y eso, como afirmó “Pacho“, eso es lo que lo ha convertido en un triunfo histórico para nuestra clase.

🗣️ Oscar «Pacho» Juárez, sobreviviente del «Villazo», habla luego del repudiable fallo que absolvió a los represores por los crímenes de lesa humanidad en Villa Constitución pic.twitter.com/1WQIDAKw2L

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El fallo se produce en un contexto donde se discuten reformas laborales regresivas que pretenden eliminar conquistas históricas de los trabajadores. La absolución generalizada funciona como un mensaje de advertencia hacia el presente, así como en 1975 el Estado y las empresas utilizaron el terror para disciplinar a los trabajadores que intentaban organizarse en la Lista Marrón, hoy el Poder Judicial muestra su rostro más reaccionario avalando aquel terror y negando justicia. Es la continuidad del mismo proyecto de sometimiento, ahora mediante la impunidad histórica y las reformas antipopulares.

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Tal vez, envalentonados por los vientos políticos del momento, el poder Judicial aprovecha y muestra, de la manera más cruda posible, su carácter de clase. Este tipo de sentencias, no responden a la determinación de uno o dos jueces, estas decisiones están atadas a cuestiones estructurales. Mientras exista una Justicia viciada por los intereses del poder político de turno y de un poder económico eternizado, la impunidad de estos crímenes puede seguir manteniéndose como la regla. Para dejar de lado esta Justicia adicta, hay que cambiar la lógica encargada de crear una casta privilegiada de jueces y fiscales. Necesitamos que los actores de este poder sean electos por el voto popular, tengan cargos revocables y salarios acordes a la realidad de los trabajadores. Esto no solo democratizaría la justicia, sino que también pondría fin a los privilegios de este poder.

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En el país que volteó una dictadura en las calles, que se embandera en el Nunca Más y pelea constantemente por la memoria, la verdad y la justicia, esta sentencia por más obscena que sea, no pude frenar ninguna lucha. El legado del Villazo permanece intacto, interpelándonos a no claudicar en la demanda de justicia y en la construcción de una herramienta que realmente responda a los intereses de los trabajadores. La memoria de los luchadores del Villazo exige que continuemos hasta derrotar la impunidad, porque como bien saben los represores y sus cómplices judiciales, a donde vayan los iremos a buscar.

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