Un fallo judicial de segunda instancia ratificó que el Ejecutivo nacional debe garantizar los recursos para salarios y becas establecidos por la ley, en un contexto de reclamos del sector educativo.
Un fallo judicial de segunda instancia ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza la actualización de los recursos para salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión refuerza el reclamo de universidades, docentes y estudiantes en medio de un contexto de ajuste presupuestario.
La legislación vigente establece que los fondos destinados a las universidades deben actualizarse en función de la inflación, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema. Distintos informes del sector señalan que el ajuste ha impactado principalmente en los salarios, que representan cerca del 90% del presupuesto universitario.
La resolución judicial se produce tras el veto presidencial a la ley y su posterior ratificación por el Congreso, y la negativa del Gobierno a ejecutarla. Desde el ámbito universitario se advirtió que la falta de financiamiento podría afectar el normal desarrollo de las clases, la continuidad de proyectos de investigación y el acceso de miles de estudiantes.
El fallo no solo tiene impacto presupuestario, sino que también marca un límite a las decisiones del Ejecutivo y vuelve a poner en debate el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación superior.