Con la aprobación por el Senado de la reforma laboral (en general) y a la espera de lo que suceda en Diputados, parece cambiar algo sustancial en la manera como el Estado se relaciona con la actividad audiovisual, el cine en particular.
Los artículos 210 y 211 de la nueva norma eliminaba básicamente la financiación del Incaa, el Fondo de Fomento cinematográfico, al quitar los fondos provenientes del 10% de cada entrada de cine, el 25% de lo que recauda Enacom y el 10% de alquiler de videos (esto era casi simbólico). Pero el texto original que quitaba inmediatamente estos fondos se modificó y los fondos se cortan a partir del primero de enero de 2028. Podríamos decir, con un poco de exageración, que “al cine argentino le quedan dos años”. No es así, pero quedan dos años, pues, para pensar alternativas y para comenzar a revisar la conveniencia o no de un esquema de ayudas estatales.
En principio: no es lo mismo un fondo de apoyo o ayudas para una actividad como el cultivo de la yerba mate (artículo de consumo constante) que del cine. La primera puede ser rentable por sí misma. El cine es una actividad riesgosa: nadie sabe si un film, que es algo muy caro de producir, puede o no tener éxito y recuperar su inversión. Tener realización cinematográfica del país es no sólo una decisión de quienes se arriesgan a producirlo con su propio capital sino, también, una decisión política.
Porque la mayoría de los países recurren a ayudas estatales para producir, incluso Hollywood. No necesariamente en forma de subsidios, sino como tax rebate, es decir descuentos o devoluciones de impuestos. Quizás hayan visto (bueno, si se quedan hasta el final de los títulos, pero quién lo hace…) en muchos tanques de Hollywood el símbolo del estado de Georgia (un durazno). Ese estado norteamericano tiene un tax rebate para grandes producciones de hasta el 65%, ahorro grande.
Sin embargo, conocen las amenazas de “tarifas del 100%” de Donald Trump para las películas no realizadas en los EE.UU. No se han realizado, pero tienen como objeto que los grandes estudios filmen exclusivamente en territorio estadounidense para evitar pérdidas de empleo. Porque los grandes estudios marchan a Canadá, Nueva Zelanda, México, Hungría y otros países para rodar o contratar servicios de producción y post producción. Países que, además, suelen tener ayudas estatales que terminan en esos estudios. Así que quitar ayudas en la Argentina pone a una actividad con potencial exportador en desventaja, dependiendo únicamente del mercado local.
Ese es otro problema: la audiencia de cine en salas, como lo contamos en varias notas, disminuye en todo el mundo. Hay un punto en el cual la actividad deja de ser rentable, y aunque aún no llegamos allí (con 35 millones de entradas vendidas en el país por año estamos aún en equilibrio, aunque la situación es seria y esta cifra implica todos los tickets para todos los films de todo origen, no sólo argentinos). Y la participación del cine local en la torta no excede el 5% (en Italia, este año, superó el 55%; España es otro ejemplo; ambos tienen ayudas del Estado). Puede el lector decir que si existe una película que atrae masivamente, la gente va. De hecho, las tres películas argentinas más taquilleras de 2025 (Homo argentum, Mazel Tov y Belén) no tuvieron subsidios INCAA. Pero son excepciones en las 219 películas estrenadas. Lo sensato es desarrollar una oferta que transforme el cine argentino en algo atractivo más allá de dos o tres nombres puntuales.
Pero esa oferta implica desarrollar cineastas. Y ese talento, en un país con récord de estudiantes de cine, implica que alguien apueste por él. Semillero, digamos, tanto para un cine masivo (que es el que sostiene el negocio) como para otro más exigente para públicos menos numerosos, también con proyección internacional a través, por ejemplo, de festivales. Ahí sí es importante la tarea del Incaa: encontrar el talento, apoyarlo y permitirle crecer. La ayuda estatal -a través de concursos como los que ya se llevan a cabo, créditos blandos y subsidios- es indispensable en ese punto. El problema es dedicar la ayuda financiera a sostener empleo sin importar el impacto de una película.
Que es lo que ha sucedido durante demasiados años y, de algún modo, limado el interés y la curiosidad de muchos espectadores. Es una pena, pero como están las cosas hay que aclarar que esto no implica decir que todo el cine argentino es malo o hecho sin interés: hay la misma proporción de buenas películas que en cualquier cinematografía. Pero ¿no es imprescindible, para ver cómo se sigue, preguntarse por qué sucedió eso? Por lo demás, las ayudas al cine han ido en su mayoría a lo que llamamos “cine independiente”, y muy poco al cine “industrial”. Los montos de subsidios en la administración anterior (especialmente durante el tiempo de Sergio Massa como ministro de economía) no alcanzaban para sostener una película de gran público. Hoy tampoco, toda vez que una producción importante no baja de 1,5 millones de dólares. Justamente ha sido el cine independiente el que ha recibido la mayor parte de las ayudas, lo que se refleja en un promedio superior a las 210 películas argentinas estrenadas anualmente en la última década.
Dicho esto, está muy bien que el audiovisual argentino se encuentre en estado deliberativo, porque es necesario discutir qué se hace de ahora en más y buscar y proponer soluciones para un esquema que, evidentemente, no ha funcionado. Aunque lo interesante sería salir de las consignas referidas a la cultura nacional o la necesidad moral de que haya un cine argentino. Incluso si uno está de acuerdo, lo necesario es otra cosa: cómo producir películas. Es cierto que sin ayudas estatales la cantidad en la producción argentina va a caer a pico, pero para este año hay pautados ya -el dato puede encontrarse en el sitio GPS Audiovisual- por lo menos ochenta estrenos, varios ya en pantalla. Y aunque muchos de esos títulos se realizaron hace años y esperan pantalla, también hay producción actual. En el desarrollo audiovisual hay, además, otros actores como las plataformas, y los estudios sí están interesados en hacer y estrenar películas argentinas.
Dicho de otro modo: la Argentina se enfrenta a una coyuntura compleja. Por un lado, un sistema de apoyo estatal que quedó desactualizado y en crisis, más un gobierno que ha intentado ya dos veces desmantelarlo y sustituirlo por aportes directos del Tesoro, lo que podría implicar sólo sostener el costo operativo del Incaa. Por otro lado, poca participación de las películas locales en la venta total de entradas, lo que habla de un desinterés por el público masivo respecto de la mayoría de la producción local. Finalmente, un cambio global en hábitos de consumo que redunda en una caída en la cantidad de espectadores en salas en todo el mundo. El desafío es complejo, pero primero hay que sincerar todo más allá de la apelación a lo emocional o lo moral.
Hay ideas: la de extender y mejorar sobre todo el esquema de tax rebate, que sí funciona en casi todo el mundo. Apoyar más específicamente a través de concursos y créditos blandos a talentos emergentes, para primeras y segundas películas. Y quizás que los exhibidores se involucren más en el campo de la producción, algo que resultaría indispensable en un momento en el que, además, ese mismo negocio ingresa en zona de riesgo. En un momento en el que en los EE.UU. los productores de cine piden a Donald Trump un esquema federal de ayuda a la producción (digamos, un “Incaa” estadounidense) es claro que, aunque tiene matices propios, el problema no es sólo argentino.
Hay material y personas inteligentes con cabeza fría capaces de pensar soluciones que no sean solamente que el Estado dé dinero. En alguno de los tantos documentos salidos estos días se leía “se pretende dejar la producción de cine en manos de los privados”, lo que equivale a decir que se pretende dejar en manos de los privados la producción de alfajores, algo que de hecho es así (el Estado no hace películas, en todo caso las apoya, y sería contrario a la libertad de expresión que así fuere). Esa clase de expresiones -poco felices y erradas, además- son parte del problema y, más que probablemente, el motivo por el que una parte grande del público no presta atención al asunto. Hay dos años (serán más, seguramente todo eso se prorrogue) para pensar algo nuevo. Pero primero hace falta dejar de lado el ruido, mirar los números de verdad y pensar en el público.