Fin de la indemnización y Fondo de cese laboral: el Despidos Ya para generar empleo

Tras la victoria electoral, Milei apura en el Congreso su proyecto de reforma laboral. La misma implica una quita de derechos laborales para los trabajadores en beneficio de los empresarios. Desde aumento de la jornada, mayor flexibilización, fin de convenios colectivos por ramas, hasta el fin de las indemnizaciones por despidos sin causa.

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El argumento de siempre es “modernizar las relaciones laborales” para permitir la creación de empleo. Pero en los 90 ya usaron la misma excusa y se trató de una década que dejó un incremento de la desocupación y la precarización laboral.

Desde entonces se mantuvo un piso de precarización laboral del cuál se montaron los proyectos políticos posteriores, que mantuvieron las modificaciones estructurales del mercado de trabajo menemista.

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Actualmente, para el segundo trimestre del año, más del 50% de los trabajadores se encontraban en la informalidad o como cuentapropista. Una masa laboral de más de 11,4 millones de personas que se encuentra sin los derechos de los trabajadores registrados. Éstos últimos, representan el 49% del total de los puestos de trabajo, cuando en el mismo período de 2016 era el 53%.

El Observatorio de les Trabajadores de La Izquierda Diario, realizó un “Índice de precarización” tomando como referencia tres dimensiones centrales: Ingresos, Jornada de trabajo y Condiciones de contratación. A partir de éstos, el informe concluye que “más del 75 % de les trabajadores sufre algún tipo de precarización laboral; mientras que el 50 % de la fuerza de trabajo combina dos o tres condiciones de precarización laboral”.

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Con la aprobación de la Ley Bases (con los votos de la oposición con peluca), se habilitó la posibilidad de conformación vía los convenios colectivos de trabajo, de fondos de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones por despido. Algo similar a lo que ya existe en la industria de la construcción con el aval del sindicato UOCRA, conducido por Gerardo Martinez desde 1990.

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Consultado por La Izquierda Diario, el especialista en materia laboral Luis Campos, explicó que esta iniciativa del Fondo de cese implica “básicamente transformar al régimen de indemnizaciones por despido en un negocio financiero quitándole todo carácter protectorio que es el que prevé la constitución en el artículo 14 bis.”

Según Campos, “todavía no ha habido convenios colectivos que incluyan este tipo de negociaciones, fondos de cese en reemplazo de la indemnización por despido, pero es algo que está habilitado”.

La timba de los bancos y aseguradoras con el esfuerzo de los trabajadores

En junio de este año, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N° 1071, con el cuál se crea el “Régimen especial de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”.

La misma indica que el Sistema de Fondo de Cese se establecerá “por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (“FCI”) o Fideicomisos Financieros (“FF”)”.

Con estos instrumentos el empleador puede hacer aportes mensuales equivalentes a un porcentaje del salario del trabajador (se estima un 8%). Aunque, según Campos, “la ley no establece ninguna garantía mínima para el trabajador e incluso abre la puerta para que los aportes también puedan provenir del sueldo de los trabajadores».

Cuando se desvincule un trabajador, el monto a cobrar dependerá del resultado de estas inversiones, por lo que el riesgo financiero se traslada a los trabajadores. Por ejemplo, si hay un crack o desplome financiero (un tanto común en nuestro país), los montos de las inversiones pueden esfumarse. La Ley, ni siquiera establece la garantía de que en ningún caso los trabajadores percibirán una suma inferior a lo que le corresponde por el artículo 245 de la Ley de contrato de trabajo: la indemnización por despido sin causa.

Bajo la dirección de Federico Sturzenegger se instaló un negocio financiero potencial para bancos, compañías de seguros y ART. Un refrito del sistema de AFJP: cobrarles a los trabajadores por administrar su dinero, sin siquiera compartir el riesgo del destino de las inversiones.

¿Nivelar para abajo o ganar derechos? La evidencia en el caso UOCRA y la propuesta de la Izquierda para reducir la jornada laboral

Algo similar al Fondo de cese laboral funciona en el Convenio de trabajo de la industria de la construcción firmado por la UOCRA. Allí conduce el gremio desde 1990 Gerardo Martínez, que también es el representante de la CGT ante el Pacto de Mayo, convocado por el Gobierno para avanzar en las reformas.

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Pero el ejemplo de la UOCRA es ilustrativo, ya que es uno de los gremios donde más avanzó la precarización y menos puestos de trabajo en blanco se generaron. Así lo demostró Luis Campos en la red social X.

«Si se reemplaza la indemnización por despido por un fondo de cese los empleadores van a tener incentivos para contratar nuevos trabajadores»
En la construcción existe un fondo de cese hace décadas, y el empleo registrado está en los niveles más bajos de los últimos 20 años pic.twitter.com/AR141q6Bz2

— Luis Campos (@luiscampos76) November 3, 2025

El cambio de la indemnización por un «seguro», además de un gran caja para el negociado financiero de aseguradoras y bancos, implica una facilidad para los empresarios para despedir a aquellos trabajadores de mayor antigüedad o mayores salarios. Lo que implicará un aumento del desempleo bajo un Gobierno que ya viene de destruir más de 250 mil trabajadores formales desde que asumió, según denunció el centro CEPA.

Ante esta perspectiva de reforma laboral y pauperización estructural, el Frente de Izquierda propone una medida para ganar derechos atacando la ganancia de los grandes capitalistas que despiden, precarizan, evaden y fugan. El FIT propone reducir la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana sin reducción salarial, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.

La propuesta de la izquierda está relacionada a seguir peleando por empleo con plenos derechos, contra la precarización laboral, y que nadie gane por debajo de lo que cuesta la canasta familiar.

Si la reducción de la jornada se aplicara a las 12 mil grandes empresas se podría crear un millón de puestos de trabajo en dichas firmas del país.

Es posible llevar adelante esta propuesta con la amplia movilización de la clase trabajadora para enfrentar la resistencia de las grandes patronales que se opondrán a una medida que afecte sus ganancias, y con la perspectiva de la reorganización de la producción articulada no en función de la ganancia privada sino de las necesidades del conjunto social.

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