Marcelo Colombo, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de Mendoza, realizó una fuerte demanda por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos, así como la omisión y el retardo de las cuotas convenidas para el sostenimiento de los centros que, en condiciones muy precaria, todavía están funcionando”.
La Conferencia Episcopal Argentina realizó una ceremonia en conmemoración a Ceferino Namuncurá, en Río Negro. Allí, Colombo advirtió: “Una mirada meramente policial y judicial de la problemática de las adicciones nos deja sin herramientas para afrontar este flagelo, que deja a generaciones de jóvenes en la frustración y el sinsentido de la vida, además de poner en peligro su salud y la de su familia”.
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“En la Iglesia argentina, Ceferino es patrono de la pastoral de adicciones; su identificación con Jesús nos invita a acompañar todos los esfuerzos para cuidar la vida amenazada de tantos hermanos adictos que desean salir de su situación”, planteó el representante máximo de la Conferencia Episcopal del país. Y agregó: “Pidamos a Ceferino que interceda ante el Señor para que se detengan esos verdaderos signos de muerte”.
Meses atrás, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia alertó sobre el gran aumento del narcotráfico y “la despenalización de hecho” de la venta y consumo de drogas a lo largo de Argentina.
En aquella ocasión la institución había indicado: “En las ciudades y pueblos de nuestro país, particularmente en las periferias y barriadas pobres, vemos que el narcotráfico va ocupando espacios sigilosamente y no se detiene. Da ‘trabajo’ a las personas y mientras que los barrios parecen tranquilos, se van desintegrando las familias y el narcotráfico extiende su vil campo de acción”.
En otro tramo del texto, se subrayó: “Frente a un Estado que se va retirando de nuestros espacios más pobres, como Iglesia y junto a otras organizaciones de base, no damos abasto con la demanda de ayuda. Nos encontramos, por ejemplo, con escuelas que están atravesadas por el consumo; las fuerzas de seguridad ayudan, pero a veces no alcanza con su presencia actual; los transas balean nuestros lugares supuestamente seguros; los vecinos se organizan pero hay armas de por medio. En este escenario no hay paz».
La comisión pidió -en junio pasado- “al Estado, en todas sus instancias, a valorar, cuidar y sostener, con salarios adecuados, el trabajo y los esfuerzos de tantas personas que entregan sus vidas por aquellos que se sienten descartados”.