Este lunes, en medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad que envuelven al Gobierno nacional, el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello prohibió que los medios de comunicación publiquen los audios de Karina Milei en Casa Rosada.
Maraniello enfrenta nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas de su juzgado. Además, fue acusado por una entidad gremial por abuso de poder y desvío de fondos para una organización judicial que preside.
Estas denuncias fueron impulsadas en 2024, cuando se postuló para ascender a camarista. Hasta el momento, se abrieron ocho expedientes en su contra, cinco por acoso y abuso sexual, y a fines de agosto, el juez fue notificado por el Consejo de la Magistratura para hacer su descargo. Cuenta con un plazo legal de 20 días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina.
La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn), entidad gremial que impulsó algunas de las denuncias, solicitó presencia policial dentro del juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.
Dentro de los expedientes que abrieron para investigar a Maraniello, se encuentra uno impulsado por el testimonio de una empleada que denunció haber sido hostigada por el juez a pocos días de empezar a trabajar en el juzgado.
Según declaró, la mujer aceptó un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su trabajo y, en ese marco, fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.
Otra empleada denunció haber recibido mensajes en redes sociales por parte del juez, junto con comentarios sobre su vestimenta, además de maltrato laboral por rechazar pedidos personales. Agregó, además, que estos episodios incluyeron acercamientos físicos indeseados y comentarios fuera de lugar.
Se informó también que la víctima debió recibir medicación para soportar la situación laboral por sufrir episodios de depresión y pensamientos suicidas.
Realizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral y luego intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Si bien la mujer dijo que no tenía intenciones de iniciar acciones penales, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que el hecho podría revestir un delito público.
El expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli y actualmente el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de pruebas y testimonios, mientras la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o llevar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.
En tanto que la asociación de empleados judiciales advirtió que podría haber más casos, de acuerdo con entrevistas que mantuvieron con empleados actuales y extrabajadores del juzgado.