Tampa Bay, ubicada en la costa del golfo de Florida, es reconocida como un polo comercial y cultural. De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de EE.UU., aproximadamente 384.959 personas residen en la ciudad, de las cuales un 46,9% no son ciudadanos estadounidenses. Esta cifra refleja el peso de la mano de obra extranjera en la dinámica económica de la región.
Las estadísticas, retomadas por un análisis de Axios, muestran que los trabajadores que nacieron en el extranjero representan el 7,6% de la fuerza laboral total. Sin embargo, en ciertas industrias su participación es mucho más elevada. La agricultura y la minería, por ejemplo, emplean al 44,3% de inmigrantes, la construcción al 17,2% y el transporte y los servicios públicos al 10,3%.
Este escenario se desarrolla en un contexto de medidas migratorias más estrictas en Florida, lo que genera un impacto directo en la disponibilidad de mano de obra en sectores que dependen históricamente de inmigrantes.
Los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 y el Censo de 2020 muestran que la tasa de empleo en Tampa es del 63,8%, superior al promedio estatal de 57,2%. La mayor parte de los empleados se desempeña en empresas privadas (71%), seguidos por empleados del gobierno local, estatal y federal (9,2%), así como de organizaciones sin fines de lucro (8,6%).
El promedio de horas trabajadas por semana en la ciudad es de 39,8. Los hombres registran una media de 41,6 horas, mientras que las mujeres laboran 37,6 horas en promedio. Esto coloca a la ciudad ligeramente por encima de los promedios estatales en términos de carga horaria laboral.
La educación y la salud encabezan la lista de industrias con más empleados en Tampa, con un 19,9% del total. Le siguen los servicios profesionales, científicos, administrativos y de gestión de residuos con un 19,1%.
Otros sectores relevantes son finanzas, seguros, bienes raíces y alquiler, con un 12,7%; artes, entretenimiento, recreación, alojamiento y alimentación, con un 10,6%. También destacan el comercio minorista (9,1%), la construcción (6,2%) y la manufactura (4,7%).
Este panorama refleja que las oportunidades laborales se concentran en actividades profesionales y de servicios, mientras que la mano de obra extranjera cumple un rol esencial en industrias que requieren trabajo intensivo, como agricultura, minería y construcción.
Uno de los casos más representativos en la región es el de Plant City, donde las granjas de frutillas enfrentaron dificultades por la falta de mano de obra. Fidel Sánchez, productor agrícola, señaló que antes de la reforma migratoria estatal contaba con 80 empleados, varios de ellos con años de experiencia en el sector. Actualmente, su grupo se redujo a la mitad.
“Ya casi no tengo a nadie trabajando conmigo. Si la economía no nos va bien, no podemos plantar más. Plantaremos menos”, le dijo a Axios.
Para cubrir la demanda, Sánchez recurrió a empleados temporales contratados mediante el programa de visas H-2A. Sin embargo, este recurso incrementó los costos de operación, al mismo tiempo que redujo la capacidad de siembra y producción.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), alrededor del 40% de los agricultores contratados carece de autorización legal para laborar en el país norteamericano, una proporción que refleja la dependencia del sector hacia la mano de obra indocumentada.
El porcentaje de agrícolas sin autorización legal ha variado en las últimas décadas. Entre 1989 y 1991, representaban un 14%. Esa cifra subió a 55% entre 1999 y 2001 y descendió a los niveles actuales que se sitúan en torno al 40%.
Durante el período 2020-2022, un 32% de los empleados agrícolas eran nacidos en EE.UU., un 7% inmigrantes con ciudadanía, un 19% inmigrantes autorizados y un 42% carecía de permiso legal para laborar.
En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo en Tampa que resultó en la detención de 33 inmigrantes indocumentados en sitios de construcción. La mayoría procedía de México, Honduras y Guatemala.
Durante la operación, más de 360 personas fueron entrevistadas y varias huyeron de los lugares de trabajo. Casos similares se registraron en Tallahassee, donde más de 100 inmigrantes fueron arrestados en una acción conjunta de múltiples agencias federales y estatales.
Estos operativos se enmarcan en las políticas de deportación masiva impulsadas por el presidente Donald Trump.
El propio presidente reconoció en una declaración que las políticas migratorias tuvieron efectos en sectores clave, al retirar del mercado a trabajadores con experiencia en la agricultura y el turismo.
“En muchos casos, los delincuentes a los que se les permitió entrar a nuestro país gracias a la absurda política de fronteras abiertas de Biden están solicitando esos empleos. Esto no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de EE. UU.”, publicó en Truth Social el 12 de junio de 2025.
Este escenario refleja la paradoja que enfrentan estados como Florida: la necesidad de mano de obra extranjera para sostener actividades agrícolas, de servicios y construcción, frente a políticas migratorias que reducen la disponibilidad de esos trabajadores.