El último viernes mientras la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizaba un nuevo allanamiento en la sede de la droguería Suizo Argentina SA, en busca de documentación sobre las compras de medicamentos requeridas por el Estado nacional, el abogado de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, Martín Magram, presentó un pedido de nulidad de la causa. El argumento central refiere al origen de la grabación de Diego Spagnuolo y «en cómo se investiga en base a eso».
El escrito presentado por Magram ante el juez federal Sebastián Casanello y al que accedió Clarín sostiene: «Aún cuando este letrado desconoce por completo el expediente respecto al cual su nulidad se impetra, siendo que el mismo ha sido sustanciado a espaldas de la defensa desde su inicio, impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa, el estupor causado por el avasallamiento de derechos esenciales de mis pupilos me conmina a aventurarme en este pedido, con escasa información extraída de la prensa y el radio pasillo».
En otro tramo, la defensa habló sobre «el oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho ha sido la fórmula imperante, concitando con cierto estupor, el recuerdo de épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático».
Bajo la gestión de Javier Milei, la droguería propiedad de los Kovalivker se posicionó en varias licitaciones como compras directas de medicamentos, esencialmente por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por una cifra que asciende a $ 55.000 millones.
La justicia federal hace una semana abrió por orden del fiscal Franco Picardi la causa penal bajo la premisa de que existe una «grado de sospecha suficiente» para creer que habrían existido «hechos de corrupción» que ameritan ser investigados.
En otros términos: en función de la grabación de Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, que tomó estado público, se analiza un presunto entramado de coimas que involucran a la droguería -principal proveedora de medicamentos de la ANDIS- y al organismo público.
Ante ese escenario y mientras se llevaba a cabo el segundo allanamiento en la sede de la compañía, el abogado de los Kovalivker presentó un escrito ante el juez Casanello exigiendo la nulidad de «todo lo actuado en la causa».
Según confirmaron a Clarín fuentes allegadas al expediente, el pedido de la defensa de los empresarios expone como argumentos central «el origen de la grabación que viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación, pero no es lo que se discute esencialmente, sino su manipulación previo a producir la grabación y sin consentimiento de la persona en cuestión».
Bajo ese mismo criterio allegados a la defensa de los hermanos Kovalivker pusieron en discusión la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, «por tratarse de una prueba sospechosa que tampoco se sabe si está incorporada como prueba en la causa porque aún permanece en secreto de sumario».
De esta manera la defensa a cargo de Magram, discute «el origen de la grabación y la forma en la que se procuró la investigación».
La presentación de la defensa indica: «Se solicita se declare la nulidad de ese “material probatorio” que existe pero no está, que brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo. No pudo jamás dar sustento a una denuncia seria ni tener acogida conforme una buena práctica respetuosa del debido proceso».
Entiende el abogado que «se trata pues de una nulidad de carácter absoluto, en tanto el acto viciado viola un derecho constitucional expresamente consagrado –concretamente el derecho a la intimidad previsto en el art. 18 de la CN y en las convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que enseguida se detallarán–, y por tanto puede y debe ser declarado nulo aun de oficio en cualquier estado del proceso».
El texto judicializado 24 horas después de que los audios tomaron estado público apunta contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Spagnuolo, ex director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La sospecha es que todos «habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
A la hora de impulsar la apertura de la causa penal y ordenar los primeros allanamientos, el fiscal Picardi entendió que “existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a Clarín al determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al Gobierno.
El objeto procesal de la investigación se concentra -por ahora- en poder dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
Levantamiento del secreto fiscal y bancario
Mientras tanto, la fiscalía a cargo de Picardi avanza en la reconstrucción del presunto circuito de sobornos.
En primer lugar, el viernes se ordenó el secuestro, tanto en la ANDIS como en la droguería, de toda la documentación referida a la compra de medicamentos.
La Suizo Argentina SA es la principal proveedora de medicamentos del organismo de discapacidad y la Justicia busca desentrañar si esto fue resultado de procesos regulares y ajustados a la ley que rige las licitaciones y compras estatales.
El punto central es saber si el exponencial crecimiento de contratos que obtuvo la compañía de la familia Kovalivker respondió a ofertas públicas lícitas o si fue direccionado y con posibles sobreprecios como parte de un circuito de coimas.
Para avanzar en la trazabilidad de una posible ruta de sobornos, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el juez Casanello -por pedido de la fiscalía- ordenó el levantamiento fiscal bancario de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker.