En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Fadul, integrante de la consultora IDESA, analizó el impacto de la judicialización laboral y sostuvo que la litigiosidad “genera distorsiones y frena el empleo registrado”.
Un sistema desbordado por los juicios laborales
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia puso sobre la mesa una problemática que, según Fadul, viene en ascenso desde hace años. “Este fallo es simplemente un ejemplo del aumento de litigiosidad en el sistema de riesgo del trabajo”, explicó, tras citar el caso de un trabajador al que la justicia provincial indemnizó por una dolencia que no fue reconocida como de origen laboral.
“En 2004 había 3.800 juicios al año; en 2017 saltamos a más de 125.000”, detalló Fadul. Luego de la sanción de la ley 27.348, ese número bajó a 60.000, pero hoy volvió a escalar. “En 2024 estamos otra vez en niveles similares a los previos a esa ley”, advirtió.
Las consecuencias, afirmó, son claras: “De seguir así, va a ser inviable el sistema de riesgos del trabajo”, lo que podría empujar al país a un esquema sin cobertura efectiva. Según explicó, el costo de las aseguradoras ya subió del 2% al 3% de la masa salarial, un incremento que impacta directamente en la contratación.
La desigualdad jurídica según la provincia
Uno de los puntos más preocupantes para Fadul es la disparidad de criterios entre provincias. “Para una misma incapacidad, cada justicia provincial determina porcentajes distintos”, señaló. Así, por ejemplo, por una lumbalgia o hernia inguinal, Santa Fe otorga un 6%, Córdoba un 8%, Buenos Aires un 11%, Mendoza un 12% y Capital Federal un 14%.
“Hay que unificar criterios. Necesitamos un baremo objetivo que determine las incapacidades sin depender de la provincia donde se inicia el juicio”, sostuvo el economista. Esto permitiría mayor previsibilidad y menor presión sobre el sistema.
Además, consideró clave fortalecer el rol de las comisiones médicas: “Hoy la justicia falla distinto a lo que dicen las comisiones médicas. Eso hay que corregirlo”, remarcó. Fadul señaló que no es necesario sancionar nuevas leyes: “Simplemente hay que cumplir con la ley 27.348 y que las provincias instauren los cuerpos médicos forenses”.
Impacto directo sobre el empleo formal
Para Fadul, el efecto sobre la creación de empleo es directo: “Claramente, la industria del juicio frena la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó. Si se lograra reducir el costo del seguro de riesgos del trabajo, “sería más barato contratar y crecería el empleo privado registrado”, sostuvo.
Finalmente, propuso cambiar el paradigma judicial: “Si se unifican criterios, la regla no será ir a juicio sino a la comisión médica”, concluyó. Una solución técnica, sin necesidad de reforma estructural, que podría destrabar una de las principales barreras para la contratación formal en Argentina.