BARCELONA.- El apaciguamiento de la llamada “cuestión nacional catalana” ha dado paso a un nuevo foco de conflicto en la política española: los derechos de la comunidad musulmana. Apenas un mes después de los episodios en la localidad murciana de Torre Pacheco, donde grupos de ultraderecha organizaron batidas de “caza” contra personas de religión musulmana, la semana pasada estalló otra polémica a raíz de una normativa aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla —también en la región de Murcia y gobernado por PP y Vox—, calificada de “islamófoba”.
Un nuevo reglamento municipal en cuestión prohíbe la celebración de actos religiosos en el pabellón de deportes municipal. Aunque no menciona de forma expresa el veto a los actos de la comunidad islámica, se ha interpretado como una forma velada de prohibir sus actos religiosos.
A causa de una creciente islamofobia, en muchos pueblos y ciudades de España la comunidad musulmana no recibe los permisos necesarios para poder construir mezquitas, por lo que se ve obligada a celebrar sus actos religiosos más importantes, como el mes sagrado de Ramadán, en espacios cedidos por los entes municipales. Por ejemplo, este es el caso de Jumilla. De acuerdo con la nueva normativa, estos actos ahora quedarían vetados.
La decisión del ayuntamiento ha suscitado polémica entre la prensa, así como la reacción de diversos estamentos de la sociedad española. El Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ha dado un plazo de un mes a la alcaldesa de Jumilla antes de impugnar la norma en los tribunales al considerar que “vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa”. En concreto, el artículo 16 de la Constitución garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto” sin discriminar entre creencias.
Un argumento parecido ha sido el esgrimido por la Iglesia Católica para criticar al Ayuntamiento. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española ha defendido “los derechos fundamentales de cualquier ser humano… Y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones e incluso a los no creyentes”, reza el texto, que muestra su apoyo a la posición de la Comisión Islámica de España. Algunos obispos como el de Tarragona, Joan Planella, han sido aún más contundentes. “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”, dijo en declaraciones a una emisora de radio.
Las críticas de la Iglesia Católica han provocado una reacción iracunda por parte de Vox, un partido que cuenta entre sus bases con movimientos católicos ultraconservadores. Su líder, Santiago Abascal, ha llegado a atribuir la posición de la Iglesia a los casos de pederastia y a los “ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal”, en referencia a la ONG Cáritas, vinculada a la Iglesia.
Aunque el año pasado las subvenciones del Gobierno central representaron menos del 3% del presupuesto de la histórica fundación humanitaria, si se suma el total de ayudas desembolsadas por las diversas instituciones públicas, el porcentaje asciende a cerca del 30%. Teniendo en cuenta de que el sistema de ayudas sociales en España es menor que en otros países europeos, Cáritas se ha convertido en una especie de salvavidas para miles de inmigrantes en situación precaria.
Durante las últimas dos décadas, España ha recibido la llegada de más de cuatro millones de inmigrantes, y la población nacida en el extranjero ya representa un 18% del total. Este fenómeno ha convertido a España en un país mucho más diverso, lo que ha dado alas a los movimientos de ultraderecha con un discurso racista, sobre todo, aunque no exclusivamente, contra los migrantes de religión musulmana.
“Todos los informes apuntan que la islamofobia es el fenómeno de discriminación predominante y el que más crece en España”, sostiene Luca Gervasoni, director de la ONG Novact, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Gervasoni apunta a factores históricos para explicar esta renovada pulsión xenófoba en España. “La construcción nacional aquí se hizo alrededor de la llamada Reconquista, es decir, la recuperación del territorio sagrado español ocupado por las hordas musulmanas. A causa de ese poso, aquí la islamofobia encuentra un terreno más fértil“, comenta Gervasoni, que también cita otros factores comunes al resto de Europa como el impacto del terrorismo yihadista de la pasada década.
Curiosamente, a diferencia de otros países de la región, en España la integración de la inmigración musulmana no ha provocado notables conflictos de convivencia a causa de sus prácticas religiosas. En general, las instituciones públicas españolas han encontrado soluciones para acomodar tradiciones como la fiesta del cordero, o el Ramadán. “La conflictividad actual es sobre todo fruto del ascenso de fuerzas políticas como Vox que han llevado al Congreso los discursos xenófobos y los han normalizado, encontrando su eco en la calle”, asevera Gervasoni.
Entre los argumentos contra la inmigración de la ultraderecha, figura también la idea de que muchos migrantes se han desplazado a España para delinquir, una idea en línea con su referente internacional, Donald Trump. Y como ejemplo, señalan a los bandas de jóvenes latinoamericanos o los menores marroquíes no acompañados. Sin embargo, las estadísticas ponen en tela de juicio esta narrativa. Si bien es cierto que el número de delitos cometidos por extranjeros ha crecido, en línea con el aumento de población foránea, la cifra total de delitos registrados se mantiene muy estable.
De acuerdo con los datos del instituto de sondeos públicos, el CIS, es entre los sectores más desfavorecidos, como desempleados, personas bajo el umbral de la pobreza o jóvenes precarios, que más ha crecido el apoyo a Vox durante los últimos años. Algunos expertos sugieren que los inmigrantes, sobre todo los musulmanes, se han convertido en una especie de chivo expiatorio en el que proyectar un malestar social provocado por multitud de causas.