Un fiscal del condado de York, Pennsylvania, está instando a los legisladores estatales a cerrar un vacío legal que permitió a Brandon Keith Riley-Mitchell, un delincuente sexual registrado, convertirse en padre a través de la subrogación.
La controversia estalló tras la viralización de un video que mostraba a Riley-Mitchell, de 39 años, y su esposo, Logan Steven Riley, celebrando el primer cumpleaños de su hijo Atticus, lo que generó indignación entre sectores conservadores al conocerse la condena de Riley-Mitchell en 2016 por abuso sexual de menores y posesión de pornografía infantil.
Riley-Mitchell y Riley recaudaron más de 2.000 dólares mediante una campaña en GoFundMe para financiar su proceso de paternidad a través de la subrogación gestacional, un método en el que un embrión, creado mediante fecundación in vitro (FIV) con un óvulo de donante anónima, es gestado por una madre subrogada sin vínculo biológico con el niño.
La campaña, ahora eliminada, pero archivada, detallaba la búsqueda de tres años de la pareja para encontrar una subrogada, que culminó con una amiga de la pareja gay que aceptó gestar uno de los cuatro embriones creados en 2020.
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La campaña no mencionaba los antecedentes penales de Riley-Mitchell, que incluyen comunicaciones electrónicas inapropiadas con un menor de entre 16 y 18 años, solicitud de imágenes desnudas y posesión de más de 12.000 mensajes de texto con la víctima entre 2013 y 2014.
El fiscal del condado de York, Tim Barker, expresó su preocupación por la falta de supervisión en los acuerdos de subrogación en comparación con los procesos de adopción, que requieren un escrutinio riguroso.
»Aprecio profundamente las emociones de preocupación e indignación expresadas por muchos ante el vacío legal que permite a un delincuente sexual registrado convertirse en padre a través de la subrogación sin el mismo escrutinio intenso, responsabilidad y supervisión judicial exigidos en el proceso de adopción», dijo Barker.
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Subrayó que la ley de Pennsylvania no prohíbe actualmente que un delincuente sexual registrado se convierta en padre mediante subrogación, lo que deja a su oficina sin base legal para intervenir a menos que se alegue una violación penal.
Barker confía en que los legisladores estatales buscarán »acciones legislativas constitucionalmente permisibles» para proteger a los niños y pidió una revisión del tema.
La reacción pública ha sido intensa, con más de 3.000 personas firmando una petición en línea lanzada el martes para exigir que el niño sea retirado del hogar de la pareja, ubicado en el sur de Pennsylvania.
La petición destaca el »peligroso vacío legal» que permitió a Riley-Mitchell, registrado como delincuente de nivel 1 en el registro de la Ley de Megan de Pensilvania, obtener la custodia mediante subrogación.
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Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia ni acusaciones de que el niño haya sufrido daños bajo el cuidado de la pareja. El exabogado de Riley-Mitchell, Peter Kratsa, defendió a su cliente, afirmando que aceptó responsabilidad por sus actos, cumplió su condena y completó una extensa terapia.
»Brandon no hizo nada ilegal ni poco ético al convertirse en padre por subrogación. Fue completamente transparente», afirmó Kratsa, señalando que ninguna ley prohíbe a Riley-Mitchell ser padre. Kratsa sugirió de forma hipócrita que la indignación pública debería dirigirse hacia quienes no son responsabilizados por abusos infantiles o no buscan rehabilitación.
Theodore Martinovich, esposo de la subrogada, confirmó que Riley-Mitchell admitió un »incidente previo con la ley», pero señaló que estaba resuelto y prefirió no indagar más.
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Riley-Mitchell, exprofesor de la escuela secundaria Downingtown West, se declaró culpable en 2016 de posesión de pornografía infantil, recibiendo una condena de tres a 23 meses de prisión y órdenes de renunciar a sus credenciales docentes y evitar contacto no supervisado con menores.
Completó su libertad condicional en 2021 y ahora trabaja en una empresa farmacéutica en Lancaster, según su perfil de LinkedIn. El caso ha desatado un debate más amplio sobre la regulación de la subrogación en Pennsylvania, con defensores y funcionarios pidiendo reformas para garantizar la seguridad infantil mientras se abordan cuestiones legales y éticas complejas sobre la paternidad y antecedentes penales.