Emiliano Fossatto, secretario legal y técnico de Gobierno de la Provincia, y su segunda, María Ángeles Arroyo, brindaron detalles de los pasos legales que se fueron dando y que concluyeron con la decisión del Superior Tribunal de Justicia de apartar al juez Ernesto Löffler de la causa en la que se decide la continuidad de la reforma constitucional.
USHUAIA.- En un principio, Fossatto sostuvo que el Código Procesal estipula causales que dieron sustento para la presentación de recusación. “Nuestro derecho devenía de expresiones previas por parte del vocal, a cuyo cargo se encontraba el expediente y también alegábamos lo que eran ciertos actos procesales dentro del procedimiento de lo que sería la emisión de la sentencia en la cual el expediente no tenía una continuidad natural”.
Para el funcionario había una violación también a lo que era la celeridad de los plazos para poder tener la emisión de un acuerdo.
El viernes, el Superior Tribunal de Justicia dio a conocer la decisión de apartar a Löffler considerando que estaría acreditado “en lo que sería estos actos procesales que hicieron que se demore el tiempo lo que es el fallo”, explicó.
Fossatto agregó que uno de los argumentos del Gobierno se basó en la incertidumbre prolongada que deviene de un proceso sin cursar, “en lo que era la validez de una norma que se emitió en el ejercicio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que habían establecido una fecha para la convocatoria”.
Cabe destacar que, mientras estaba en curso el cronograma electoral para la reforma, se interpuso una medida cautelar y eso generó la suspensión que ya lleva casi un año.
“Nosotros planteábamos lo que era una cierta coherencia en los tiempos procesales –detalló Fossatto-. Hicimos la presentación de pronto despacho para que pueda tener la expresión necesaria por el peso que tiene esta causa. Luego de eso volvimos a presentar lo que fue la solicitud de la feria, la habilitación de feria con un nuevo pronto despacho. Tuvimos que solicitar tres pronto despacho y un acceso de información pública”.
En cuanto a los plazos y a lo que viene, desde la dependencia de la administración provincial se especula con que “en escenarios posibles interpretamos, si el acuerdo es favorable sobre la validez y la constitucionalidad de la ley, el Juzgado Electoral tendrá que determinar para ver un nuevo cronograma, los nuevos plazos y, en caso contrario, analizaremos qué camino seguir también”.
Para Fossatto, las acciones y declaraciones del vocal Löffler “tienen una gravedad institucional muy grande. Más allá de que pueda tener una coherencia, si no hay un acto determinado procesal que implique la demora, es grave que un expediente esté sin moverse”.