Al afirmar sin ruborizarse que su candidatura a concejal de La Matanza es solo simbólica y que “el pueblo sabe” que no asumirá en caso de ganar, sino que seguirá siendo intendente, Fernando Espinoza le asesta otra estocada al alicaído compromiso republicano.
Su frase, tan desprejuiciada como temeraria, es un insulto a la inteligencia de los matanceros en particular y a todo el electorado en general, pues confirma la instalación de una lógica política perversa que pretende naturalizar lo que jamás debió ser tolerado: el engaño a la ciudadanía.
La estrategia de las candidaturas testimoniales no es nueva. Lamentablemente, tampoco está legalmente prohibida, pero es éticamente inaceptable. Lo fue en 2009, cuando Néstor Kirchner la impuso con total impunidad y lo es hoy cuando el gobernador Axel Kicillof –acompañado de una comitiva de intendentes que rozan la caricatura institucional– la desempolva con naturalidad, casi como si se tratara de un derecho adquirido.
“No le mentimos a la gente”, aseguran los promotores de la farsa, como si aclarar que no van a asumir aliviara el fraude que están cometiendo. Pretenden, además, convencernos de que este latrocinio político, por haberse repetido varias veces, es legítimo. Decir que una pésima conducta es válida por haber sido usada antes es como justificar el robo porque ya se ha robado previamente. La reiteración de una práctica corrupta no la convierte en honesta: la cristaliza como hábito vergonzante, como el cinismo hecho carne. Es la erosión continuada y sistemática del sistema representativo.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sumó un capítulo al disparate al aseverar: “Lo hicimos [decir que se presentan, pero que no asumirán] de frente a la gente”. Como si confesar una estafa con antelación la hiciera menos despreciable, como si el voto popular convalidara la mentira explícita o como si la política no requiriera verdad, sino solo eficacia electoral. La afirmación de Bianco, más que una defensa, es una confesión: ahora la trampa es doctrina.
Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, encabeza la lista oficialista, Fuerza Patria, como primera candidata a diputada provincial. Ya avisó que no asumirá. Lo mismo ocurre con un nutrido ramillete de intendentes y no solo del peronismo, sino también de la oposición en la provincia. ¿Cómo puede alguien decir que aspira a un cargo legislativo y pedir que lo voten si no tiene ninguna intención de asumirlo? ¿Hemos instaurado la mentira a la que pretenden acostumbrarnos? ¿Qué clase de democracia representativa es esa?
La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre esta práctica. En 2009, cuando los entonces gobernador bonaerense e intendente de Tigre, Daniel Scioli y Sergio Massa, respectivamente, fueron candidatos a diputado a sabiendas de que no asumirían, los jueces señalaron que se estaba ante una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”. El juez Alberto Dalla Via, en una disidencia que hoy cobra enorme vigencia, fue más lejos aún: calificó esas postulaciones como contrarias a la Constitución nacional. En sus fundamentos, recordó que la oferta electoral conlleva un compromiso político ineludible. Si ese compromiso se traiciona, se quebranta el vínculo esencial entre el representante y el representado.
Lo que se está consolidando hoy es un patrón bochornoso. Los dirigentes usan sus nombres como meros dispositivos de arrastre para sumar votos. Se postulan con el objetivo impunemente explícito de marcar territorio, condicionar internas, neutralizar adversarios o, más aún, para mantener el control político sobre Legislaturas y concejos deliberantes. La institucionalidad se degrada al nivel de farsa.
Lamentablemente, si lo hacen es porque sienten que pueden. La Justicia Electoral, aunque condena la maniobra como deshonesta, no la impide en la práctica. Admite que no puede anticipar la conducta futura de los candidatos y, por lo tanto, legaliza el abuso. Pero si esta estrategia deviene norma, si las testimoniales pasan de excepción a costumbre, ¿no será hora de redefinir los límites? ¿De qué sirve una condena teórica si la práctica se sostiene en la impunidad?
Las candidaturas testimoniales, además de falsas promesas, son peligrosas. Al institucionalizar el engaño, al naturalizar el desprecio por el voto, alimentan el descreimiento, la apatía y el ausentismo. Lo que se pierde no es solo la legitimidad de una banca, sino la confianza ciudadana en la política como herramienta de transformación. Y eso es gravísimo.
Que nefasto ejercicio lo practiquen fuerzas políticas de lo más diversas –en Buenos Aires la usaron el kirchnerismo, el kicillofismo, el Frente Renovador, La Libertad Avanza y otros partidos– no exime a nadie. La excusa es “territorializar” la elección, cuando lo que realmente aparece como fin es blindarse frente a un futuro electoral incierto. En algunos casos, incluso, los candidatos testimoniales son parte de una estrategia velada para re-reelegirse en 2027, evitando las trabas legales con renuncias tácticas antes de mitad del segundo mandato consecutivo. Puro cálculo y nula ética.
El ciudadano no merece esta manipulación. Si lo que se ofrece no es real, no importa cuán explícita sea la burla. Su sinceridad no la vuelve legítima, solo la hace mucho más obscena.
En una democracia seria, ninguna candidatura puede ser meramente simbólica. Cada casillero en una boleta representa la esperanza de una voz en el debate público. Vaciar de contenido ese símbolo, reducirlo a una jugada electoralista, es convertir la política en una pantomima que agravia a la República.