Peter Lamelas es un aguafiestas. El, por ahora, candidato a ocupar el Palacio Bosh (la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en Argentina) se despachó lindo en su audiencia ante el Senado de Estados Unidos el 23 de julio de 2025. Dijo que su misión en el país era respaldar al gobierno de Javier Milei, especialmente en las elecciones legislativas de octubre; que viene a oponerse a las relaciones entre el país y Estados como Venezuela y acusó a Cristina Fernández de Kirchner de estar involucrada en el encubrimiento del atentado a la AMIA y deslizó que “Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman”. También dijo la expresidenta está bajo arresto domiciliario por “favoritismo político” y que su objetivo será “asegurarse de que reciba la justicia que merece”. Nada que le moleste a Javier Milei o a alguna área de su gobierno. Tampoco al Poder Legislativo. Y casi tampoco al Judicial.
El problema con Lamelas viene por otro lado. El hombre (y amigo) de Donald Trump para ocupar el palacio de la avenida Del Libertador, embistió contra, quizá, la mejor relación comercial costo beneficio que tiene el hoy el país: China. El hombre aseguró ante el Senado de EE.UU. que buscará romper las relaciones comerciales entre Argentina y el país oriental. Pero que, además, viajará por las 23 provincias para advertirles que no deben avanzar en la relación comercial con China. Fue más concreto. Habló de “vigilar a los gobernadores” y evitar acuerdos que no favorezcan los intereses estadounidenses. Esto, además de asegurar que estos acuerdos con China están debajo de la línea de flotación de las sospechas de corrupción.
Semejante voltaje de declaraciones afectó no solo a los responsables del manejo de las provincias opositoras (Axel Kicillof se hizo el día), sino que hasta las más cercanas al Presidente salieron a flamear la bandera de la autonomía. Y hasta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió con la capacidad de independencia y reacción de las provincias argentinas.
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Por ahora, diatribas diplomáticas, más cercanas a las discusiones de los 80 o de los centros de estudiantes, que a la política pura y concreta.
El problema viene por otro lado. Y se concentra en la estrategia comercial, financiera y política exterior del gobierno nacional. Puntualmente, China se convirtió en este tiempo de presidencia de Javier Milei en el mejor aliado que podrían tener estos tiempos libertarios. Sin requerir nada a cambio, el régimen de Xi Jimping aceptó todas las condicionalidades pedidas por Argentina, al punto de renegociar en julio del año pasado el swap de monedas con Argentina, extendiéndolo hasta julio de 2026, y liberando al país del pago de unos US$ 6 mil millones. Y en el marco de este acuerdo, mantuvo china la posibilidad de comercializar de manera bilateral entre pesos y yuanes, saltando la necesidad de los importadores y exportadores de las dos orillas de demandar dólares. Esto quiere decir que, por ejemplo, el incremento de 200% en las compras on line de productos chinos de manera directa vía courrier (una de las vedettes de la apertura comercial libertaria) o la importación de automóviles (otro de los hits del momento); no le cuestan dólares al país ni hacen transpirar las reservas del Banco Central. Un ítem que todos los días es mirado por los mercados. Y por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Donde, by the way, también China jugó muy a favor del país, defendiendo en abril de este año la posición de Javier Milei en los debates del Board del organismo para la aprobación del acuerdo de Facilidades Extendidas, en sesiones donde Argentina era un puching ball criticado por Estados como Holanda, Gran Bretaña y Japón. Esta defensa llegó a oídos de los funcionarios argentinos, quienes agradecieron formalmente la filípica apologética del país. Curiosamente, en ese ámbito, los dos mayores defensores de la Argentina fueron China y Estados Unidos. Casi en partes iguales.
Pero el paso bilateral más importante se dio hace diez días. El Gobierno reactivó el proyecto de la construcción de la represa Cepernic Kirchner en Santa Cruz, la obra más importante que China tiene en el país, y que se encontraba suspendido desde marzo de 2024. El motivo de la paralización de las obras no fue antichino. Ni mucho menos. La razón de no continuar con el proyecto fue el fin temporal de cualquier idea que pareciera obra pública, sin importar capitales ni ideologías. Se recuerda que el gobierno de Javier Milei tomó este capítulo como parte de su triunvirato par lograr el superávit fiscal, junto con el ajuste a jubilados y pensionados y la motosierra en el Estado nacional. En el caso de la represa, se trataba además del mayor proyecto de infraestructura en construcción viviente en el país, con lo que la suspensión provocó una consecuencia similar a la magnitud de la obra. Sin embargo, no hubo una sola protesta desde China, teniendo en cuenta que el responsable vencedor de la licitación para levantar el magaproyecto era la china Gezhouba. Este silencio diplomático chino tuvo su recompensa. Y a diferencia de otros proyectos de obra pública suspendidos (básicamente todos), la represa se reactivó hace diez días y en pocos meses continuará su levantamiento.
Argentina solo puso una condición, que fue aceptada sin mayores problemas desde el lado chino: no poner un solo dólar desde la Administración Pública Nacional. La totalidad de la inversión deberá ser responsabilidad del propio gobierno chino, sin importar la modalidad de la llegada de esos fondos.
“Voy a recorrer las 23 provincias para advertir que no deben avanzar con China.”
Como se dijo, se trata de la obra más importante en marcha hoy en el país: el complejo de represas Néstor Kirchner- Jorge Cepernic, ubicadas, obviamente, en Santa Cruz, y sobre la que Gezhouba tiene la responsabilidad de la construcción por haber ganado la licitación cerrada en 2015, a fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Es un proyecto vinculado directamente con el otorgamiento primero y profundización después, del programa que establece el swap de monedas. De hecho, la obra comenzó con la liberación de unos US$ 500 millones hacia agosto de ese año. Llegó entonces el cambio de gobierno y la decisión de Mauricio Macri de revisar el contrato de Gezhouba para construir la represa, aún llamada Kirchner-Cepernic.
La primera y pública decisión del gobierno de Macri fue la de congelar la obra, bajo sospechas de corrupción y de impacto ambiental negativo. En esos tiempos, la administración de Cambiemos señaló al proyecto como inviable, por la potencial desaparición y extinción del macá tobiano, un ave cuyo hábitat natural está en la provincia de Santa Cruz y que, según la denuncia, corría peligro de extinción por el impacto ambiental de las represas.
Sin embargo, hacia julio de 2016, desde Beijing le recordaron a Buenos Aires que parte del dinero para la obra ya había sido gastado (y no precisamente para avanzar con las obras), con lo que, de levantarse el proyecto, el dinero debía ser devuelto. Fue así como se “renegociaron” las condiciones del swap; la obra volvió milagrosamente a la vida con otro nombre (en adelante se llamaría Condor Cliff-La Barrancosa), y el swap se reactivaría.
Con aceleraciones y retrocesos, la obra continuaría durante el resto del gobierno de Macri y de Alberto Fernández. Sin embargo, en diciembre de 2023 llegó Javier Milei al poder y en enero determinó que la construcción se suspendía hasta nuevo aviso. Y que el financiamiento residual quedaba en manos, exclusivamente, de Gezhouba.
La empresa continuó pagando salarios y cumpliendo con proveedores, hasta abril de 2024, en que comenzaron las desvinculaciones forzadas, ante la indefinición del gobierno nacional y la no firma de la Addenda XII, que indica lo que se debe hacer en un año calendario en dicha obra. Aclararon desde la constructora china que desde su parte no se aportaría un dólar (o yuan) más hasta que no se firmara ese compromiso. Sin embargo, China se portó bien. Siguió manteniendo los salarios de los trabajadores y directores del proyecto, esperando lo que se confirmó la semana pasada. Que la obra se reactivaba.
Siempre la constructora le recordó al Ejecutivo que el financiamiento no implicaba dinero por parte del país, con lo cual no acrecentaba el déficit fiscal, ya que los dólares necesarios eran negociados por Gezhouba directamente con bancos financistas. En general, son bancos todos chinos u orientales, que luego se cobrarían los intereses a través de la generación eléctrica de ambas represas. A septiembre, el nivel de avance de las obras era de un 50% en el caso de la Cepernic y del 30% la represa Kirchner, proyectos que de no renovarse corren riesgo ahora de sucumbir a la erosión de la naturaleza y el vandalismo.
“Los acuerdos comerciales con China están bajo sospecha de corrupción.”
Según el proyecto original desde ambas represas se iba a generar el 10% del total de la energía eléctrica que se consume actualmente en Argentina. Ahora, el tema Gezhouba esta sobre la mesa de negociaciones directas que el argentino abrió con Xi Jinping. Se pensaba que el capítulo iba a cerrarse y la represa a archivarse. Sin embargo, al ritmo de la mejora de las relaciones bilaterales, y la certeza de que se trata del capítulo más importante entre ambos Estados (al menos desde la visión china), la idea es reactivarla. Ahora esta posición es una realidad.
China ya sabe que para que esto sea posible, no deberá esperarse que haya partidas públicas que se destinen a este capítulo, y que la única manera que se destrabe el proyecto y se retome la construcción es que el dinero lo aporte en su totalidad el gobierno chino. Sin problemas orientales por este lado. Hay antecedentes.
El mismo mecanismo se utilizó en el puerto de Chancay, en Perú (a 60 kilómetros de Lima), inaugurado la semana pasada, y controlado por la estatal china Cosco Shipping, una de las tres mayores operadoras portuarias del mundo. Sobre este proyecto, el presidente electo Donald Trump amenazó con cobrar un 60% de aranceles a todos los productos que lleguen a los Estados Unidos desde Chancay.
Lamelas anunció que viene a romper con este tipo de proyectos de “intromisión” china en América Latina. Habrá que ver qué pasión impone en su gestión en Argentina. Si es que el Senado le da el visto bueno a su placet.
Hay algo cierto. Si el diplomático llega a ocupar el Palacio Bosh, será uno de esos enviados de Washington que prometen dejar su huella en el país.