En enero de 2025 se denunció penalmente un desvío de 35.6 millones de pesos uruguayos (aproximadamente 1.2 millones de dólares) y 17.500 dólares del FOSVOC (Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción) entre febrero y noviembre de 2024.
El Fondo, destinado a facilitar el acceso a viviendas para trabajadores de la construcción, es gestionado por una comisión paritaria entre sindicalistas del Sunca y empleadores.
Sindicalistas condenados
Tres ex sindicalistas del Partido Comunista (PCU), Santiago Bernaola, Bruno Bertolio, y Víctor Rivero, fueron condenados penalmente por apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir, y asistencia al lavado de activos.
Sus declaraciones ante la Fiscalía, liderada por Gilberto Rodríguez, señalaron al senador comunista Óscar Andrade y al diputado también comunista Daniel Diverio como conocedores de las maniobras fraudulentas.
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Los ex sindicalistas afirmaron que Andrade, por su rol central en SUNCA, “era imposible que no estuviera al tanto” de la mega estafa de 1.2 millones de dólares.
El fiscal investiga que parte de los fondos desviados se usó para financiar campañas electorales del PCU, incluyendo las elecciones internas y nacionales de 2024, las departamentales y municipales de 2025.
También, el dinero robado por los sindicalistas comunistas se usó para la campaña electoral del plebiscito sobre seguridad social impulsado por el PIT-CNT en octubre de 2024.
Los condenados señalaron a Andrade como cerebro de la maniobra.
Concretamente que el senador se benefició directamente para potenciar su candidatura al senado, banca que consiguió en las elecciones de octubre del año pasado.
Testimonio clave
Bruno Bertolio, dirigente del PCU, y ex presidente del FOSVOC en 2024, declaró el 11 de junio de 2025 que el presidente de SUNCA, Richard Ferreira, y el secretario general, Javier Díaz, recibieron dinero del fondo, y que se les pidió “generar condiciones” para la elección de Andrade y Diverio como legisladores.
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La acusación contra los parlamentarios comunistas Andrade y Diverio es demoledora. Según estos sindicalistas, del PCU ambos usaron dinero destinado a un fondo de obreros de la construcción para promover sus carreras políticas personales.
Polémica contratación del abogado
Andrade y Diverio contrataron al prestigioso letrado Gonzalo Fernández, ex miembro del Frente Amplio y uno de los abogados más costosos de Uruguay.
Durante largos años el abogado personal de Tabaré Vázquez y ocupó importantísimos cargos en pasados gobiernos frenteamplistas.
Esta contratación generó críticas totalmente razonables, ya que Andrade había declarado previamente no tener recursos para pagar impuestos, o un arquitecto para su casa, lo que plantea dudas sobre la fuente de los fondos para pagar a Fernández.
Vale recordar que Óscar Andrade tiene un espectacular chalet en el balneario San Luis (Canelones), y durante una década no pagó la contribución inmobiliaria a la intendencia del Departamento.
Cuando el caso se hizo público gracias a un informe del programa televisivo Santo y seña emitido por Canal 4, el senador comunista intentó ponerse al día con su deuda.
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Andrade a fiscalía
Culminada la feria judicial el 13 de julio, el fiscal Rodríguez continuará con su investigación penal, y como ya anunció hace algunas semanas, tanto Andrade como Diverio podrían ser citados a la fiscalía.
Sobre ambos legisladores comunistas pesan serias acusaciones que deben ser aclaradas.
Si finalmente se comprueba que el Partido Comunista infiltró sindicalistas en el Sunca para realizar una estafa millonaria y así financiar su campaña electoral sería realmente gravísimo.
Estamos hablando que un sector principal del Frente Amplio, al cual pertenece el ministro de Trabajo Juan Castillo, usó el dinero de obreros de la construcción ilícitamente para financiar su campaña electoral.
Hasta ahora las explicaciones que ha brindado Andrade están llenas de contradicciones y no cierran por ningún lado.
No puede explicar coherentemente las acusaciones que pesan sobre él. Fiscalía debe ir a fondo en su investigación y los responsables de una mega estafa millonaria deben ser responsabilizados.