El diputado de La Libertad Avanza circunscribió el conflicto universitario a una cuestión estrictamente salarial. Negó que las universidades corran peligro de cierre, como sostienen vastos sectores.
El diputado nacional Santiago Pauli, integrante del bloque La Libertad Avanza, fue categórico en su postura frente al conflicto que actualmente atraviesan las universidades públicas en Argentina, limitando el eje de la problemática a una cuestión estrictamente salarial.
En declaraciones por FM Master’s, Pauli sostuvo que las versiones que circulan sobre un eventual cierre de universidades no tienen sustento y desestimó la gravedad que se le adjudica desde distintos sectores.
«Lo que es real es que hay un reclamo salarial», señaló el diputado, diferenciando entre lo que él considera la verdadera naturaleza del conflicto y lo que se afirma públicamente. En su análisis, la situación se ha reducido a un pedido de mejoras salariales por parte de los gremios docentes y no docentes, luego de que el reclamo por los gastos de funcionamiento de las universidades fuera atendido con un incremento presupuestario del 270% para este año. Según Pauli, este aumento habría solucionado las dificultades en ese ámbito, pues no volvió a escuchar demandas relacionadas a este punto, especialmente por parte de los rectores de las universidades.
La cuestión salarial, en cambio, persiste como el principal eje de la discusión. Pauli destacó que las demandas de los gremios son legítimas, al igual que en cualquier otro sector, aunque subrayó que ya hubo una propuesta concreta de un 5,8% de aumento para octubre, la cual fue rechazada. «Todos trabajamos en distintos rubros y me parece bien que cada sector haga su reclamo salarial», afirmó el legislador, al tiempo que insistió en que la controversia no pone en riesgo la continuidad de las universidades nacionales.
Frente a las especulaciones que circulan sobre el impacto que el conflicto podría tener en el futuro de la educación pública superior, Pauli fue enfático: «Las universidades nacionales no corren peligro. Esas cosas que se dicen no son ciertas». El diputado negó que existan renuncias masivas de docentes o la necesidad de cerrar universidades como se ha llegado a afirmar en algunos discursos. «¿Cuántos docentes han renunciado hoy? ¿Sucedió eso? ¿Se han ido? ¿Hay que cerrar las universidades? ¿O es una discusión salarial?», se preguntó, buscando desacreditar los argumentos que apuntan a un escenario más alarmante.
El libertario también hizo referencia a la discusión del presupuesto nacional que se avecina, señalando que es el contexto adecuado para abordar estas cuestiones. Consideró «valioso» reunirse con el ex rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) antes del debate presupuestario, ya que allí se definirán los recursos destinados a la educación superior. «A mí me parece muy valioso juntarse y escuchar de primera mano de las autoridades de la UNTdF previo a la discusión del presupuesto, porque en el presupuesto discutimos esto», remarcó.
En cuanto a la reciente marcha en defensa de las universidades, Pauli recordó que, previo a la movilización anterior, ya se había alcanzado un acuerdo parcial, pero la protesta se realizó de todas maneras. «Había dos reclamos: gastos de funcionamiento y aumento salarial. Los gastos de funcionamiento no están sobre la mesa de la discusión», reiteró, dando a entender que el foco se ha trasladado por completo a los salarios.
Por último, el legislador nacional se refirió al veto presidencial que generó gran controversia en los sectores educativos, aclarando que el mismo no implica un ataque a la universidad pública en general. «Este no es un veto al futuro de la universidad pública nacional. Eso es mentira», sentenció, explicando que la objeción se debe a una ley que proponía incrementos sin detallar su fuente de financiación. «Es la misma discusión que hemos dado sobre todos los temas», concluyó.
En síntesis, la posición del diputado Santiago Pauli en este conflicto se centra en minimizar las dimensiones de la crisis y circunscribirla al ámbito de las negociaciones salariales, negando que las universidades enfrenten riesgos mayores.
Su postura marca una distancia notable con las preocupaciones expresadas por otros actores que alertan sobre el futuro de la educación pública en Argentina, y refuerza la estrategia de su espacio político de confrontar con las demandas del sector universitario.